¿Neomachismo contra las mujeres que denuncian en falso?

Un reciente artículo de opinión aparecido en El País alerta contra la estrategia engañosa de un neomachismo camuflado que agita el fantasma de las denuncias falsas en casos de violencia de pareja. Según se ha publicado en ocasiones, determinadas mujeres, estimuladas por la legislación actual, discriminatoria y ya con el aval del Tribunal Constitucional, obtienen ventajas espurias en los procesos de separación y divorcio, al denunciar malos tratos fraudulentamente, dada la dureza del trato jurídico y policial al hombre cuando es presunto agresor. Sugiere la autora que quienes utilizan esa argumentación deberían probar con hechos lo que son puras insidias capciosas. Que haya presuntos agresores absueltos no los convierte en inocentes. Y destila un curioso zigzag argumental para dejar sentado que todo hombre denunciado es culpable, hasta que no se demuestre lo contrario. 

Ya otras veces hemos señalado los peligros de cubrir determinadas zonas de lo social como parcelas no opinables, sujetas al monocultivo del discurso de aparente consenso o en alza. La libertad de expresión no puede presentarse como una mera coartada que escamotea propósitos inconfesables. Es una de las bases del sistema democrático. Y una de las garantías de la libertad es precisamente el hecho de que las leyes pueden cambiarse, como los gobiernos, a través de un debate público abierto. 

Pero la tendencia actual parece ser la de construir un núcleo paraconstitucional amplio, cada vez más ideologizado y exhaustivamente enumerativo. Ahora parece claro que ese era el objetivo de la ley integral contra la violencia de género. No tanto atacar la impunidad vergonzosa de determinada clase de delitos, que siguen creciendo, sino instaurar en el grado más alto posible del simbolismo social el discurso feminista como una ciencia social transversal y una fuente indudable de derecho. Se crean Observatorios --la designación científica enmascara la nueva profesión pública de Rasgadores de Vestiduras--, se imponen en todas las carreras universitarias asignaturas de género, en todos los estamentos sociales criterios de selección paritaria por sexos...

El problema no es sólo económico. No sólo lastra a la sociedad la creación de un clero feminista de clara tendencia inquisitorial a cuenta del erario público. No es únicamente una rémora que el sexo pase por delante de la capacidad para desempeñar funciones políticas o económicas con eficacia. Lo verdaderamente dañino es que la igualdad real de todos los ciudadanos aparezca como algo aplazable hasta que no se cumplan determinados requisitos que tiene que juzgar quien precisamente se beneficia de afirmar que no se dan aún. 

En la larga marcha a la sociedad perfecta comunista, es siempre el Partido el encargado de administrar el eterno estado interino hacia el paraíso en la tierra. Pero nunca se llega, a pesar de que el burocratismo y el ideologismo lo impregnan todo. En todas las carreras en la antigua URSS se estudiaban los principios del marxismo-leninismo, fuente de toda verdad y todo derecho. Y la Revolución permanecía vigilante siempre.

Los principios democráticos no son aplazables: igualdad, libertad, justicia no pueden relativizarse ni demorarse. Igualdad plena entre hombres y mujeres. Libertad de expresión lo más amplia posible. Justicia no discriminatoria. El Estado no puede imponer mutaciones culturales ideologizadas ni ritmos, no puede crear la realidad. Porque precisamente, al pretenderlo, traiciona su propia esencia y mutila su respetabilidad y legitimidad.